La democracia y la legalidad, Cataluña y España.

La libertad individual es el fundamento de toda democracia liberal, es la base sobre la que se asienta toda arquitectura democrática, sin ella, la democracia no es posible. Por lo tanto, el propietario de derechos y libertades en un régimen democrático es el individuo y bajo este principio se deben regir el resto de las cosas.

La política, que se dedica a la gestión de lo común en democracia, nace a través del pacto bajo la libertad individual, es decir, del libre consentimiento de ser uno gobernado, de la libertad de asociación. Es importante no perder de vista este punto, el demos, el conjunto de individuos agregados territorialmente surge del consentimiento de las partes, de la libertad asociativa de los individuos que lo componen, y como el individuo es inseparable del territorio donde habita, los demos nacen en agregados territoriales, del municipio al Estado, allí dónde hay espacio público y por lo tanto, convivencia social.

De la misma forma que los individuos tienen libertad asociativa para formar demos con gobiernos democráticos, también tienen libertad para desasociarse. Un agregado de individuos territorialmente concentrado en un espacio común puede desentenderse de un demos mayor en virtud a la libertad asociativa, de aquí el derecho a la secesión.

La libertad, innata del individuo, garantiza la permisividad de toda organización social y política que se construya encima del mismo, sin el consentimiento de los gobernados no hay gobierno democrático.

La democracia liberal, cuyo fundamento es la libertad de sus individuos, representa el consentimiento de un agregado de individuos, llamándose colectivo o demos, para formar un gobierno controlado por el pueblo y representante del pueblo para la gestión de lo común, lo público. Los individuos consienten que en el gobierno democrático se imponga la mayoría, de esta manera, los gobernantes deben renovar constantemente el consentimiento de los gobernados en elecciones periódicas y en otros mecanismos de control y rendición de cuentas por parte de los gobernados.

Los individuos libres se asocian o desasocian en función de sus intereses, y cuando lo hacen y forman gobiernos democráticos dónde la mayoría gobierna, ésta debe renovar constantemente el consentimiento de los gobernados para tener lo que se llama legitimidad democrática. Si un gobierno no tiene consentimiento democrático de los individuos que gobierna, está constituyendo un atentado a la libertad individual, carece de legitimidad democrática.

Cuando un gobierno es legítimo democráticamente debe dedicarse a la gestión de lo común, y para ello establece mecanismos de regulación, gestión y ejecución. De esta manera la política requiere de tres poderes: el legislativo, para regular las normas comunes; el ejecutivo, para la administración de lo común; y el judicial, para garantizar los derechos y libertades de los individuos y para garantizar la correcta ejecución de la autoridad pública en relación a los gobernados.

Para evitar la arbitrariedad del gobernante, la política, en un marco democrático liberal, debe evitar la concentración de poder, es decir, garantizar la fragmentación de éste, como la separación de los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales, como el establecimiento de mecanismos de control y de contrapoder al sistema institucional. Sin la fragmentación del poder no existe garantía democrática, el poder de un individuo conseguido por el consentimiento de los gobernados puede degenerar en despótico y arbitrario y contraer los principios fundamentales de la libertad individual.

La ley es un mecanismo que tiene la democracia para regular lo común. Ésta es democrática cuando tiene el consentimiento de los gobernados, es decir, la ley, debe representar la voluntad popular. ¿Pero cuál es la voluntad popular a la que debe servir la ley? ¿Es aceptable la ley de la mayoría contra la minoría? No.

Debemos recordar que el fundamento de toda democracia liberal es la libertad individual, la asociación, el pacto, por lo tanto, una mayoría puede gobernar sobre el conjunto pero no puede violentar los derechos de las minorías, si lo hiciera, éstas, en virtud a la libertad, romperían el pacto con su gobierno puesto que el mismo ha dejado de tener el consentimiento de gobernanza por parte de la minoría.

¿Cómo puede tener un gobierno de la mayoría el consentimiento de todos y cada uno de los gobernados? Gestionando sin menoscabar los derechos fundamentales, es decir, garantizado la libertad de asociación, de circulación, de enseñanza, de empresa, de expresión, de reunión, de pensamiento, de prensa, intelectual, religiosa, sexual… y garantizando los derechos fundamentales que permiten la vida, es decir, la garantía social y económica para que todo individuo pueda en igualdad desarrollarse.

Un gobierno de la mayoría debe proteger a las minorías para evitar la tiranía de una mayoría que quiera perpetuarse como tal agrediendo a las minorías. Un gobierno de la mayoría también debe recoger todas las aspiraciones políticas de todas las partes del conjunto gobernado, porque en ningún demos existe una sola voz de mandato imperativo para los gobernantes. Debe recoger todas si quiere establecerse en la legitimidad democrática y tener el consentimiento expreso del conjunto de los gobernados.

Una aspiración política es aquella que se forma en una agregación de individuos y que pretende, consigo mismo una gestión de lo común determinada, es decir, pretende o aspira a auto-regularse socialmente en algo, ya sea de administración de su economía como de regulación de su territorio o como del establecimiento de normativa cívica.

Las aspiraciones políticas son legítimas en cuanto se pretenden sobre uno mismo y en su interior no correspondan a una violación de las libertades y derechos individuales. Una aspiración política que pretenda con los demás agrede al principio de inviolabilidad individual, fundamento de la libertad individual, un sujeto solo se puede obligar sobre sí mismo, no puede aspirar a gobernar a otros sin su consentimiento.

En este sentido, toda aspiración política legítima, es decir, que pretenda una auto-regulación consigo mismo, debe de tener cabida en el gobierno de la mayoría, en la democracia. Un gobierno que desoye, ignora y no incorpora a la legalidad todas las aspiraciones políticas pierde la representatividad de los gobernados y como consecuencia el consentimiento de éstos para dejarse gobernar por ellos.

Cuando la ley no se adapta a la voluntad popular deja de ser democrática. La ley debe ser la representación de todas las aspiraciones políticas y de la garantía de las libertades y derechos más básicos del individuo.

Por eso, cuando el pueblo de Cataluña, aún una parte de España, a través de su Parlamento democrático, demanda, año tras año al gobierno de España sus aspiraciones políticas y el gobierno de España desoye, ignora, no recoge y no cambia la ley; el gobierno de España está quebrando el principio de representatividad y causando que los gobernados catalanes no consientan como legítimo al gobierno de España para gobernarlos a ellos.

Cuando el gobierno de España utiliza la fuerza demográfica del resto de las partes de España para imponer el criterio de la mayoría de los españoles sobre el criterio de la mayoría de los catalanes está violando los derechos de las minorías mediante una mayoría nacional española tirana que pretende perpetuarse y hegemonizarse en su territorio agrediendo a las minorías.

Cuando el gobierno de España unilateralmente decide no ser representante de los catalanes por desoír y no recoger sus demandas políticas mayoritarias en ley y a la vez niega el derecho a la secesión de Cataluña, está quebrando el principio de la libre asociación política y de la libertad individual, fundamento de todo sistema democrático liberal.

Cuando el gobierno de España utiliza la ley como tapón para no recoger las demandan catalanas está vaciando la ley española de toda legitimidad para ser válida en Cataluña, al no representarles, ésta pierde el consentimiento de los catalanes.

Los independentistas catalanes son aquellos que ya no dan consentimiento al gobierno de España para que les gobierne, porque éste ha roto el principio democrático, porque no adapta la ley a las aspiraciones políticas de una parte de su país y porque utiliza la ley para violentar y menoscabar los derechos y libertades de los individuos.

El Estado español, desnudo, sin el ropaje de la transición, se descubre que nunca fue de fundamento democrático. La ley no representa ninguna voluntad popular, sostiene un régimen de poder, cuya separación de poderes es ficticia y dónde la tiranía y la arbitrariedad del poder dependen de la buena fe de estos.

La ley del Estado español no es democrática aunque el Estado se autodenomine como tal si no sirve para representar la voluntad popular y los principios anteriormente descritos. La ley democrática representa, nace del pacto y del consentimiento, en cambio, la ley tiránica, la española, la que se está utilizando para mantener el dominio territorial de Cataluña a la vez que pretende obviar toda aspiración política del pueblo que la habita, solo representa la voluntad de una autoridad que no es popular y por lo tanto, no nace de los individuos, el pueblo.

En España todo funciona al revés de lo que debería ser un régimen democrático, los medios de comunicación del régimen han conseguido que parte de la población entienda la ley del régimen como el origen de todo, que la ley es el fundamento de la democracia y no como debería ser, que la democracia es el fundamento de la ley. En este sentido, se descubre la realidad del régimen, en España las libertades y derechos individuales no son innatos de los individuos, son una concesión de un poder instalado en las estructuras del Estado. Por lo tanto, la propiedad de las libertades y de los derechos ya no es de los individuos, se la ha quedado el Estado.

Si los individuos no son propietarios de las libertades y derechos y lo es el Estado, éstos se convierten en rehenes del Estado, es decir, en esclavos de una maquinaria de poder y cuyo devenir depende de la buena fe del tirano instalado en la cúpula de poder. Sin libertad individual innata de los individuos no puede existir ningún pacto, ningún consentimiento, ninguna democracia, el Estado piensa que la libertad es una concesión que él permite porque le pertenece y la puede violentar si algún ciudadano pretende apoderarse. Por eso el Estado español reacciona cómo reacciona ante lo que realmente es un empoderamiento catalán, siente que los catalanes están robando lo que cree suyo: la libertad.

Anuncios

Un comentario en “La democracia y la legalidad, Cataluña y España.

  1. Molt bon article, precís i didàctic en fi d’un bon analista, em quedo amb el text final, “el Estado piensa que la libertad es una concesión que él permite porque le pertenece y la puede violentar si algún ciudadano pretende apoderarse. Por eso el Estado español reacciona cómo reacciona ante lo que realmente es un empoderamiento catalán, siente que los catalanes están robando lo que cree suyo: la libertad.”, i m’agradaria anar mes enllà de l’anàlisi i dir que no tenim mes camí que el de la Independència.

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s