La legitimidad democrática y los derechos humanos siempre están por encima de la legalidad vigente

Un ejemplo sobre el poder que tiene la legitimidad democrática es que ésta es la que tiene el poder de cambiar la legalidad. Parte de la legitimidad democrática se ha institucionalizado a través de las elecciones periódicas democráticas en que se eligen a los representantes democráticos del legislativo para legislar sobre leyes.

Pero la legitimidad democrática no es solo su forma institucionalizado; referéndums, manifiestos votados por la mayoría de la ciudadanía y voluntades democráticas tienen poder por encima de la legalidad a pesar de no ser de forma institucionalidad o legal.

Es posible que los mecanismos institucionales se hayan viciado o que un colectivo se esté imponiendo sobre otro y sean capaces de imponer una legalidad que atenta ya sea a una voluntad democrática general o de un colectivo territorializado o directamente afecte a derechos humanos de colectivos o individuos y es aquí dónde entra la voluntad democrática y los Tribunales de Justicia sobre derechos humanos.

La justicia debe ser el garante de los derechos y la voluntad democrática en prioridad a la legalidad. Pues si la legalidad no responde de acuerdo a la legitimidad y a los derechos humanos, estaremos hablando de una justicia viciada, de una justicia garante de privilegios y no de derechos.

Los que defienden la legalidad por encima de la legitimidad democrática o los derechos humanos son los que están defendiendo privilegios y/o injusticias. 

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